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Wednesday, 25 de July del 2018 a las 09:49

ALQUILERES: SIGUE EL ENFRENTAMIENTO DE LOS INMOBILIARIOS CON EL GCBA POR LOS HONORARIOS.

El agente y consultor inmobiliario radial RICHARD BENTANCUR volvió a ser muy duro con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por la decisión tomada respecto a los honorarios de los arrendamientos. El tema genera mucha molestia en el sector en una coyuntura económica adversa.
Foto Nota

      

ALQUILERES: INSTRUMENTO DE LA PEOR POLITICA

 

         Hacia fines de agosto del año pasado, el Gobierno de la Ciudad, promulgó la ley 5859, según la cual, las inmobiliarias tienen vedado desde entonces,  cobrarle honorarios a los inquilinos, así como tampoco cobrarles gastos de gestión por averiguación de garantías y otros.

 

         De esta manera,  los inmobiliarios sólo pueden percibir sus honorarios del  propietario del inmueble que le han confiado para alquilar.

 

         Esta medida, generó protestas de los inmobiliarios frente a la Legislatura en primer término y frente a los Tribunales de la Ciudad después, toda vez que los amparos presentados, no han tenido resolución hasta el presente.

 

         Fiel a su modo de actuar,  el Gob de la Ciudad, lleva adelante sus iniciativas populistas y demagógicas, haciendo caso omiso a la postura de las partes interesadas perjudicadas, llevándose puestas, claras disposiciones constitucionales en general y legales en particular, que protegen la libertad de contratación y concordantes.

        

         Como reflejo de la situación planteada y descripta sucintamente, se ha presentado un proyecto similar en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

 

 La  demagogia como política

 

        El ejercicio de la política, implica la toma de decisiones que en el amplio sentido del término, afectan a la sociedad. Habitualmente, esta toma de decisiones, nunca o casi nunca es neutra, por cuando en ellas, se favorece a una parte y se perjudica a otra.

         En tal sentido, el arte de la política, consiste en minimizar ese choque de intereses enfrentados, en procura de una resolución que en lo posible, satisfaga a todos.

 

         En líneas generales, los políticos que nos gobiernan ,particularmente los de la legislatura del Gobierno de la Ciudad, muy lejos están de alcanzar ese objetivo.

          Intencionadamente, utilizan la política no con el fin del bien común, sino con el propósito mezquino, egoísta y personalista, de permanecer en el poder, para así conservar sus privilegios.

          Para ello, contra viento y marea, buscan aprobar iniciativas que favorezcan a una mayoría, aunque ello implique la violación de la Constitución y el Código Civil, perjudicando notoriamente a los sectores minoritarios.

 

          Prueba cabal de lo expresado, es lo que está ocurriendo con la mencionada ley 5859 de la Ciudad y lo que está próximo a acontecer en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

 

          De esta manera, próximo a elecciones, el Gob de la Ciudad ha caído en la cuenta de que un sector que representa  más de 36 % de la población de la ciudad, alquila sus viviendas. Se trata de un número masivo de personas, muy interesante en términos de potenciales votantes, frente a la significativamente más baja población de personas, que pertenecemos al sector inmobiliario.

 

          Como consecuencia de esa medida, verdadero atropello social, económico y legal, trajo aparejado el cierre de más de 100 inmobiliarias  de la Ciudad, en pocos meses.

          Se trata de inmobiliarias chicas, que administran alquileres y que sustentan a tantos otros grupos familiares.

          

 

El deber ser

 

           El país en general viene sufriendo desde hace varias décadas, la falta de políticas de Estado, por incapacidad, por egoísmo y por el cortoplacismo impulsado por intereses circunstanciales.

 

            Eso implica ausencia de políticas consistentes, duraderas y consolidadas en el tiempo, que den certidumbre, solidez y seguridad a la sociedad.

            Se gobierna a los ponchazos, tomando medidas parciales y de coyuntura, inspirados siempre en la próxima elección y jamás ó muy pocas veces en el bienestar general.

 

            En el caso particular que nos ocupa en la presente nota, una verdadera política de largo alcance, ecuánime y sólida, debería contemplar a los tres actores que intervienen en la relación contractual de locación.

            Ellos son, naturalmente, el propietario del inmueble, el inquilino que lo ocupa y el inmobiliario que sirve de nexo y mediador entre ambas partes ,asesorándolos, resolviendo conflictos y confeccionando los instrumentos formales, que garantizarán el cumplimiento de lo pactado entre locador y locatario.

 

            Acordamos que el inquilino ó locatario, es la parte más débil económicamente hablando de esta relación.

 

            La segunda pata de este vínculo contractual, está compuesta por el propietario, que ofrece parte ó todo su patrimonio, representado por el inmueble que se alquila. El propietario es la parte jurídicamente más vulnerable en esta situación, por cuanto los malos inquilinos, suelen permanecer en las propiedades sin pagar alquileres y destrozando las unidades, amparados en la impunidad que les garantizan las leyes vigentes.

 

             Finalmente, está el “convidado de piedra” en esta relación, que es el llamado “profesional inmobiliario”, el que cuando a las partes les conviene, lo convocan, cuando no, prescinden de él.

 

             Para aproximar a estas tres partes, un verdadero político, que ejerza su función con una real vocación que procura el bien común, debería establecer un marco legal, según el cual el profesional inmobiliario, debidamente capacitado y controlado, deba intervenir obligatoriamente en toda transacción inmobiliaria.

            

            A su vez el inquilino, debería pagar honorarios razonables, por cuanto utiliza el servicio profesional del inmobiliario.

 

            Por su parte, el propietario, amparado en disposiciones legales que lo protejan integralmente contra los malos inquilinos, también debería pagar una parte proporcional y razonable de honorarios por recurrir a los servicios del profesional inmobiliario.

 

           Esta manera de ejercer la política en este rubro, daría equilibrio y seguridad a todas las partes.

 

           Esta seguridad y equidad, sin lugar a dudas, incrementaría la oferta de unidades en alquiler y consecuentemente con ello, los montos de las locaciones, serían sensiblemente inferiores a los actuales.

 

           Somos conscientes, sin embargo y lamentablemente, que en lineas generales, no contamos con políticos con la estatura, que les permita proponer y materializar iniciativas, socialmente abarcativas, justas y sustentables.

 

          Es que en su mayoría, son  vulgares cazadores de votos.

 

            

                                                                        Richard Bentancur Zerpa

                                                                     

                                                                    Colegio Profesional Inmobiliario

                                                                             Matrícula 2096